México solicita formalmente a Estados Unidos extradición de Linda Cristina Pereyra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes durante su conferencia matutina que el Gobierno Federal ha formalizado ante las autoridades de Estados Unidos la petición de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna. Esta acción busca que la ciudadana mexicana comparezca ante la justicia nacional por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y peculado, derivados de investigaciones vinculadas a la gestión de su cónyuge en años anteriores.

La solicitud fue gestionada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Fiscalía General de la República, institución que ha integrado las carpetas de investigación correspondientes. El Ejecutivo Federal enfatizó que el proceso sigue los cauces diplomáticos y legales establecidos en los tratados internacionales vigentes entre ambas naciones, subrayando el compromiso de la administración actual con el combate a la corrupción y la impunidad en casos de alto perfil.

De acuerdo con los informes presentados por el gabinete de seguridad, las acusaciones contra Pereyra se centran en el presunto desvío de recursos públicos hacia empresas privadas durante el periodo en que García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades mexicanas sostienen que existen elementos suficientes para requerir su presencia en territorio nacional, donde deberá responder por el origen y destino de los fondos bajo escrutinio judicial.

El equipo jurídico de la presidencia indicó que, si bien la extradición es un proceso complejo que depende de la resolución de los tribunales estadounidenses, México mantendrá la colaboración estrecha con el Departamento de Justicia de aquel país. Se espera que en las próximas semanas se notifique el avance de esta solicitud conforme a los protocolos legales de extradición aplicables en casos de delitos financieros y patrimoniales.

Finalmente, la mandataria reiteró que esta medida forma parte de una política de Estado orientada a recuperar activos que, presuntamente, fueron sustraídos del erario. El Gobierno Federal se mantendrá atento a las notificaciones que emita el sistema judicial estadounidense para determinar los siguientes pasos procesales en este caso de relevancia nacional.