La brecha en la protección social afecta a familias vulnerables en México

La falta de un acceso equitativo al Estado de bienestar en México continúa siendo uno de los desafíos más complejos para la administración actual. A pesar de los diversos programas de transferencias directas, grupos poblacionales en situación de alta vulnerabilidad, particularmente aquellos que carecen de redes de apoyo familiar, reportan barreras estructurales que limitan su capacidad para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social. Esta situación es especialmente evidente en las periferias urbanas donde la ausencia de una red de soporte personal agrava las carencias económicas cotidianas.

Especialistas en política pública señalan que el diseño institucional, aunque busca la universalidad, aún presenta vacíos en la atención personalizada. Para los ciudadanos que viven solos o sin lazos familiares sólidos, la burocracia para inscribirse en servicios del IMSS-Bienestar o acceder a otros apoyos de la Secretaría de Bienestar suele tornarse en un obstáculo infranqueable. La falta de servicios de cuidados y asistencia comunitaria deja a estas personas en un estado de desprotección ante emergencias médicas o crisis económicas repentinas.

Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil han propuesto la creación de mecanismos de atención especializada que detecten a personas en aislamiento social. Se plantea que las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, implementen brigadas de proximidad que identifiquen casos críticos casa por casa. Este esquema busca complementar las políticas federales con un enfoque territorial que priorice a quienes no cuentan con los medios para realizar trámites digitales o desplazarse a centros de atención.

Asimismo, el debate en el Congreso de la Unión sobre el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal se enfoca en la necesidad de robustecer el sistema de cuidados. Se propone que los recursos no solo se destinen a la entrega de recursos monetarios, sino a la infraestructura necesaria para el acompañamiento integral de adultos mayores y personas con discapacidad que carecen de familia. La meta es que el Estado logre sustituir las funciones de soporte que anteriormente recaían exclusivamente en el núcleo familiar, garantizando que nadie quede fuera del alcance de los programas gubernamentales por falta de una red de apoyo.