Juan Jesús Vivas testificará ante la justicia por crisis migratoria en Ceuta
El presidente de Ceuta presentará ante la magistrada Tardón los registros de alertas enviadas al gobierno federal antes de la incursión masiva del 31 de julio.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, comparecerá ante la jueza Tardón para entregar las pruebas documentales que acreditan las llamadas y alertas previas emitidas hacia las autoridades federales antes de la crisis migratoria del 31 de julio. Esta diligencia judicial busca esclarecer el nivel de conocimiento que tenían los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva de personas en la entidad federativa. La citación también incluye al exjefe de gabinete de la Delegación, quien presentó su renuncia tras los eventos ocurridos en la zona fronteriza.
El objetivo de la defensa y de la autoridad local es documentar la cadena de comunicación establecida entre el gobierno de Ceuta y las dependencias responsables de la seguridad nacional. Estos registros son fundamentales para deslindar responsabilidades sobre la gestión de la frontera y la respuesta operativa desplegada por los cuerpos de seguridad federales. La investigación judicial ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras revelarse informes que detallan la información que poseían los mandos de inteligencia antes de la jornada crítica de finales de julio.
La magistrada ha citado como testigos clave a los funcionarios que gestionaron los avisos durante los días previos al suceso. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha mantenido una postura de colaboración, mientras se espera que el titular de la dependencia realice una visita de supervisión a la zona para evaluar los protocolos actuales de vigilancia en el perímetro fronterizo.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política sobre la administración de los flujos migratorios y la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno. Las pruebas aportadas por el presidente Vivas podrían ser determinantes para que el Poder Judicial determine si existió una omisión en los protocolos de respuesta preventiva ante los avisos recibidos días antes de la incursión masiva.


