Fiscalía de Michoacán solicita teléfonos de Carlos Manzo a Grecia Quiroz

La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó formalmente a la presidenta municipal, Grecia Quiroz, la entrega de los teléfonos celulares que se encuentran bajo resguardo y que pertenecen a Carlos Manzo. Esta petición se enmarca en las investigaciones en curso que realiza la institución ministerial para esclarecer hechos de relevancia jurídica en la entidad. El objetivo de las autoridades es someter los aparatos a un análisis pericial detallado por parte de los servicios especializados de la Fiscalía.

La solicitud fue presentada por el equipo de investigadores asignado al caso, quienes argumentan que la información contenida en los dispositivos móviles es fundamental para el avance de las indagatorias. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la entrega de estos equipos busca corroborar diversos elementos probatorios que forman parte de la carpeta de investigación abierta recientemente en la región.

Por su parte, el equipo de comunicación de la presidencia municipal indicó que la alcaldesa Grecia Quiroz ha recibido la notificación y se encuentra revisando los términos legales junto con su equipo jurídico. La administración local ha señalado que mantendrá una postura de colaboración con las autoridades estatales para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a los protocolos establecidos por la ley vigente en Michoacán.

La Fiscalía estatal ha insistido en la importancia de este análisis técnico para determinar posibles líneas de investigación adicionales. Aunque no se han ofrecido detalles sobre el contenido específico que se busca, las autoridades confirmaron que el resguardo de los dispositivos forma parte de una diligencia necesaria para fortalecer la transparencia en las indagatorias que afectan a figuras del ámbito público municipal.

Se espera que en los próximos días la autoridad municipal defina los tiempos para el cumplimiento de este requerimiento judicial. Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán continúa con la integración de pruebas y entrevistas relacionadas con el caso, manteniendo la reserva de la información para no vulnerar el debido proceso, tal como lo marca la normativa procesal penal vigente en el estado.