Denuncian destrucción de bosques y amenazas a comunidades indígenas en Chiapas

Organizaciones defensoras del medio ambiente y representantes de pueblos originarios denunciaron este viernes el incremento en la deforestación y las amenazas constantes contra comunidades indígenas en Chiapas. La problemática se centra en la reactivación de un megaproyecto de autopista que, según los colectivos, atraviesa áreas naturales protegidas y territorios ancestrales, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad de quienes habitan la región.

Los denunciantes señalaron que en los últimos meses se ha intensificado el desmonte de selvas y bosques en zonas estratégicas del estado. Esta situación ha generado tensiones sociales, debido a que las comunidades locales reportan haber recibido intimidaciones por parte de actores externos vinculados al desarrollo de la infraestructura. Los habitantes han solicitado la intervención urgente de la SEMARNAT y de las autoridades estatales para evaluar los daños ambientales y garantizar el respeto a sus derechos territoriales.

El proyecto carretero, que ha sido objeto de debate público durante años, es presentado por los promotores como una vía para mejorar la conectividad en el sureste mexicano. Sin embargo, las organizaciones civiles sostienen que la obra carece de un estudio de impacto ambiental integral y que no se ha cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas, tal como lo establece la legislación nacional vigente.

Ante este panorama, los grupos defensores hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República para que se investiguen las denuncias por amenazas y se detengan las actividades que contravienen las normas de protección ambiental. Los colectivos insisten en la necesidad de priorizar la conservación de los ecosistemas chiapanecos y la paz social sobre cualquier plan de construcción que no considere la opinión de los pueblos indígenas.

La situación en la zona se mantiene bajo vigilancia de las redes de derechos humanos, quienes esperan que las instituciones federales emitan una postura oficial sobre la viabilidad del proyecto. Por ahora, las comunidades afectadas han manifestado que continuarán con sus acciones de resistencia pacífica para proteger el patrimonio natural y cultural que resguardan en sus territorios.