Abren expediente a empresa de comedores escolares tras denuncias en Córdoba

La Secretaría de Educación estatal ha formalizado la apertura de un expediente informativo contra la empresa Mediterránea, proveedora del servicio de comedores escolares en diversos planteles de Córdoba. Esta medida administrativa responde a la reciente difusión de materiales gráficos en redes sociales, donde padres de familia y personal docente denunciaron la entrega de menús con calidad deficiente y porciones por debajo de lo estipulado en los contratos de prestación de servicios.

El procedimiento busca determinar si la empresa ha incurrido en incumplimientos graves respecto a los estándares nutricionales y de higiene exigidos por las autoridades educativas. La supervisión, que se ha intensificado desde la viralización de las quejas, pretende clarificar si las irregularidades detectadas en tres escuelas de la región representan un problema sistémico o hechos aislados en la operación del servicio alimentario.

Representantes de la dependencia estatal han señalado que se llevarán a cabo inspecciones sorpresas y auditorías técnicas en los centros escolares señalados para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. El objetivo primordial es garantizar que los estudiantes reciban una dieta balanceada, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud para el entorno escolar.

Por su parte, los representantes de la empresa han manifestado su disposición para colaborar con las autoridades durante el proceso administrativo. La Secretaría de Educación ha asegurado que, de confirmarse las irregularidades, se aplicarán las sanciones administrativas o contractuales correspondientes, las cuales podrían incluir desde multas económicas hasta la posible rescisión del contrato de suministro de alimentos.

Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de vigilancia en los programas de alimentación escolar. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad educativa para mantener los canales de denuncia abiertos, asegurando que la prioridad del gobierno estatal es salvaguardar la salud y el bienestar de los menores en todas las instituciones del estado.